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RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se prorroga el plazo establecido por el artículo 57 del Decreto 41/2006, de 24 de marzo. [2010/12813]

(DOGV núm. 6406 de 26.11.2010) Ref. Base Datos 012798/2010

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se prorroga el plazo establecido por el artículo 57 del Decreto 41/2006, de 24 de marzo. [2010/12813]
El artículo 57 del Decreto 41/2006, de 24 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se regulan las actuaciones protegidas para facilitar el acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana en el marco del Plan estatal 2005-2008 y del Plan de acceso a la vivienda de la Comunidad Valenciana 2004-2007 establece que, en el supuesto de promociones para arrendamiento acogidas a dicho plan, transcurridos doce meses desde la fecha de la calificación definitiva sin que se haya solicitado el visado de contratos, se procederá al reintegro de oficio de las ayudas concedidas, así como la interrupción de la subsidiación, para proceder, en su caso, al inicio de un expediente sancionador de conformidad con lo dispuesto por la Ley 8/2004, de 20 de octubre de la Vivienda de la Generalitat Valenciana.
Por otra parte, la disposición adicional séptima del citado decreto establece: «A propuesta del director general competente en materia de vivienda, y siempre sobre la base de los informes técnicos que correspondan, el conseller competente en dicha materia, mediante resolución expresa, podrá adoptar medidas excepcionales, cuando las especiales circunstancias de carácter social o por razones de urgencia, que afecten a los edificios de viviendas, a las viviendas y a sus ocupantes, así lo requieran, incluso la descalificación de las viviendas de protección oficial de promoción pública y la determinación de la calificación que fuera procedente».
Asimismo, la disposición adicional séptima del Decreto 90/2009, de 26 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de viviendas de protección pública reitera lo establecido en la referida disposición del Decreto 41/2006, habilitando al conseller competente para la adopción de medidas excepcionales cuando las especiales circunstancias así lo requieran.
La publicación del Decreto 41/2006, de 24 de marzo, se produjo en un momento de auge económico, cuando la demanda de viviendas protegidas, tanto en venta como en alquiler era considerablemente superior a la oferta y, por tanto, resultaba necesario establecer unas medidas de control, a fin de que las viviendas se destinasen a quienes cumplían los requisitos para acceder a las actuaciones protegidas.
El brusco giro de la situación económica ha tenido como consecuencia la aplicabilidad de normas inadecuadas para la actual coyuntura. En el momento presente se han invertido los términos, siendo superior la oferta de viviendas en alquiler a la demanda existente, lo que da lugar a que los promotores encuentran serios problemas para conseguir alquilar las viviendas.
Por ello, se considera que el límite de 12 meses para aportar los contratos de arrendamiento para su visado tenía sentido en una situación muy distinta a la actual y que es obligación de la administración competente en la materia adoptar las medidas que se ajusten a las circunstancias socioeconómicas de cada momento.
Vistos los motivos expuestos así como las referidas disposiciones legales y de acuerdo con los informes técnicos correspondientes, resuelvo:
Prorrogar el plazo de 12 meses a que se refiere al artículo 57 del Decreto 41/2006, de 24 de marzo hasta un máximo de 24 meses en total, para aportar los contratos de arrendamiento para su visado en el servicio territorial competente.
Contra esta resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo previsto en los artículos 10 y concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, sin perjuicio que se pueda interponer cualquier otro recurso que se considere procedente. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
Valencia, 18 de noviembre de 2010.- El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero del Consell: Juan Gabriel Cotino Ferrer.

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